Proyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura

El Consejo de Ministros aprobaba el 18 de enero 2021 remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura. Según el Gobierno, se trata de la primera ley estatal que nace con la voluntad de garantizar la calidad de esta actividad como bien de interés general.

 

El Consejo de Ministros aprobaba, en la sesión celebrada el martes 18 de enero de 2022,  la remisión a las Cortes del Poryecto de Ley de Calidad de la Arquitectura, La norma es una de las medudas que se recogen en en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  Según explica La Moncloa ,"se trata de la primera ley estatal que nace con el objeto de garantizar la calidad de la arquitectura como bien de interés general".  Para el Gobierno, esta ley tendrá la finalidad "de aproximar la arquitectura a la sociedad y contribuir al desarrollo económico y social sostenible a través de las políticas de renovación, la mejora de la calidad en la edificación y la protección del patrimonio natural y cultural". 

Acercamiento entre la arquitectura y la sociedad

En efecto, se trata de la primera ley estatal que nace con el objetivo de garantizar la calidad de la arquitectura como bien de interés general, y tiene como principal meta promover vínculos que fomenten el acercamiento de la arquitectura a la sociedad. La futura normativa también persigue generar un mayor concienciación por cuestiones sociales, medioambientales y de revalorización del patrimonio arquitectónico.

La Ley incluye medidas específicas para impulsar, desde los poderes públicos, la difusión nacional e internacional de la Arquitectura, el apoyo a las empresas y a los profesionales españoles, el establecimiento de incentivos y premios que reconozcan la calidad, el impulso de la investigación y la innovación y la protección de los valores del patrimonio construido. Además, prevé también el fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas sostenibles.

Casa de la Arquitectura y Consejo de Calidad de la Arquitectura

La ley plantea la creación de dos órganos fundamentales para orientar la actuación hacia esos valores de calidad: la Casa de la Arquitectura y el Consejo de Calidad de la Arquitectura.

Según el proyecto de Ley aprobado, la Casa de la Arquitectura tendrá las funciones de:

• acercar los valores de la arquitectura a la sociedad,
• convertirse en un referente nacional e internacional para la divulgación de la disciplina
• impulsar la arquitectura como una herramienta de diplomacia cultural.

Por su parte, el Consejo de Calidad de la Arquitectura se constituirá como una plataforma de intercambio de conocimiento y de participación, de consulta y de asesoramiento en las materias relacionadas con los contenidos de esta Ley, a través de:

• la promoción de la adopción de normas o medidas de carácter general para la mejora de la calidad de la Arquitectura, o la modificación de las ya existentes,
• la elaboración y difusión de modelos de pliegos y otros documentos de carácter orientativo.

Marco normativo

La redacción de la Ley de Calidad de la Arquitectura se ha enmarcado en un contexto muy propicio en consonancia con importantes iniciativas europeas, como la New European Bauhaus, la Renovation Wave y la Declaración de Davos.

Según la Moncloa, "se trata de un instrumento legislativo que refuerza el papel ejemplarizante de la administración pública, ya que potencia la planificación de la rehabilitación del parque público edificado". En este sentido, el anteproyecto de Ley recoge una serie de modificaciones a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, encaminadas a mejorar la calidad de la arquitectura promovida por la administración.

La Ley de Calidad de la Arquitectura se configura como un instrumento legislativo necesario para consolidar un nuevo modelo de transición económica, energética, y ecológica, que promueva una mayor inclusión y cohesión social, impulsado por los Fondos Next Generation. En su elaboración, esta futura Ley ha sido objeto de una amplia participación pública, ya que, además de la consulta pública previa que tuvo lugar en el mes de julio de 2020, se celebraba un proceso participativo multidisciplinar estructurado en seis mesas de debate. También se celebraron mesas de debate con los principales sectores afectados, sector académico y social, administraciones territoriales, profesionales y colegios.